Aseguran siete inmuebles por despojo en la alcaldía Benito Juárez
Autoridades capitalinas intervinieron siete propiedades vinculadas a delitos de despojo, mientras avanzan investigaciones contra funcionarios públicos locales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este sábado sobre el aseguramiento de siete inmuebles ubicados en la alcaldía Benito Juárez, como parte de una estrategia para combatir el despojo de propiedades. Esta acción se suma a una acumulación histórica de carpetas de investigación en la zona, que ya superan las 50 mil indagatorias relacionadas con diversas irregularidades inmobiliarias en la demarcación. De los predios intervenidos, cuatro se encuentran actualmente en proceso formal de restitución para sus legítimos propietarios.
Las investigaciones, que han generado una creciente presión social, señalan la posible colusión de servidores públicos en el esquema de despojos. Actualmente, las autoridades ministeriales mantienen bajo indagatoria a 14 funcionarios públicos, quienes presuntamente habrían facilitado trámites administrativos y documentación irregular para favorecer el apoderamiento ilegal de los bienes. La Fiscalía ha señalado que este operativo responde a las denuncias recurrentes presentadas por ciudadanos afectados en los últimos meses.
Por su parte, colectivos de víctimas y vecinos organizados han manifestado su exigencia de celeridad en el desahogo de los expedientes. Los afectados sostienen que la lentitud en el sistema judicial ha permitido que las propiedades permanezcan en manos de terceros durante años, complicando la recuperación de su patrimonio. La representación legal de los denunciantes solicitó a las autoridades capitalinas fortalecer los mecanismos de protección para evitar que los inmuebles asegurados sufran daños estructurales o sean ocupados nuevamente durante el proceso legal.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el personal ministerial han reforzado la vigilancia en los perímetros de los edificios resguardados para garantizar su integridad. Mientras tanto, el Poder Judicial local deberá determinar la situación jurídica de los implicados y definir los tiempos para la entrega definitiva de las viviendas recuperadas. Este caso destaca como uno de los ejes principales en la agenda de combate a la corrupción inmobiliaria en la capital del país durante este 2026.
