Bruselas demanda nuevamente a España ante el tribunal europeo por trabas indemnizatorias

La Comisión Europea ha formalizado este sábado una nueva demanda contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El organismo internacional sostiene que España mantiene restricciones normativas que dificultan significativamente el acceso de los ciudadanos a indemnizaciones cuando han sufrido perjuicios económicos a causa de leyes nacionales que resultaron ser incompatibles con la normativa de la Unión Europea.

Esta es la segunda ocasión en la que las autoridades de Bruselas elevan este litigio ante la instancia judicial europea, tras considerar que las medidas correctivas implementadas previamente por el gobierno español han sido insuficientes para garantizar el cumplimiento de los tratados. El conflicto se centra en las trabas procesales que impiden que los particulares puedan reclamar daños y perjuicios de manera efectiva y equitativa, contraviniendo el principio de responsabilidad del Estado por infracciones del Derecho de la Unión.

Desde la perspectiva de los servicios jurídicos europeos, la legislación española impone condiciones más estrictas para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado que las aplicables a otros ámbitos del derecho interno. Estas disparidades, según argumenta Bruselas, vulneran los principios de equivalencia y efectividad, dejando a los afectados en una situación de indefensión frente a normas estatales que, en su momento, fueron declaradas contrarias a los compromisos internacionales adquiridos por el país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y los órganos encargados de la defensa jurídica del Estado deberán ahora comparecer ante el TJUE para presentar sus argumentos. La resolución de este caso podría obligar a una reforma profunda en la normativa de responsabilidad patrimonial para garantizar que cualquier ciudadano pueda resarcirse ante la aplicación de leyes que contravengan el marco jurídico europeo, marcando un precedente para los Estados miembros que mantienen regímenes indemnizatorios restrictivos.