Diputados aprueban nueva Ley Catastral; oposición alerta sobre posibles incrementos fiscales

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva Ley Catastral, un proyecto que busca homologar los registros inmobiliarios a nivel nacional y avanzar en la digitalización de la información sobre la propiedad en todo el país. La iniciativa, que ahora ha sido turnada al Senado de la República para su revisión y discusión, tiene como eje central la modernización de los sistemas de información geográfica y administrativa de los inmuebles bajo jurisdicción municipal y estatal.

Durante la sesión legislativa, los grupos parlamentarios de oposición manifestaron sus reservas respecto al alcance de las nuevas disposiciones. Representantes de diversas fuerzas políticas advirtieron que la homogeneización de los criterios de valoración inmobiliaria podría derivar, en el mediano plazo, en un ajuste al alza en el impuesto predial que pagan los ciudadanos, al actualizarse los valores catastrales de manera más precisa y expedita.

Por su parte, los legisladores que impulsaron el dictamen defendieron la reforma argumentando que el objetivo primordial es dotar a los municipios de herramientas tecnológicas más eficientes. Aseguraron que la digitalización permitirá reducir la opacidad en los registros y fortalecer la recaudación local mediante una administración más ordenada, sin que esto implique necesariamente un aumento directo en las tasas impositivas vigentes.

El documento establece mecanismos de coordinación entre las entidades federativas y la Federación para intercambiar datos de valor comercial y catastral. Este esfuerzo de integración busca, según la exposición de motivos, erradicar las discrepancias que actualmente existen entre los valores registrados por las autoridades y los precios reales de mercado, facilitando así los trámites para los propietarios de bienes inmuebles.

La minuta ha sido recibida en el Senado de la República, donde se espera que las comisiones correspondientes inicien el análisis en los próximos días. Mientras tanto, organizaciones civiles y sectores de la construcción han solicitado que se establezcan salvaguardas claras dentro de la ley para evitar que la actualización de los registros se convierta en una carga financiera excesiva para las familias mexicanas.