Documento interno vincula a Pérez Llorca con despidos en energía fotovoltaica
Un informe interno señala la presunta influencia de Juanfran Pérez Llorca en la destitución de tres funcionarios estatales vinculados a proyectos de energía solar.

Un dosier interno del Partido Popular ha colocado bajo escrutinio la gestión de Juanfran Pérez Llorca, tras revelarse su presunta intervención directa en el cese de tres altos funcionarios de la administración estatal. El documento sugiere que estos movimientos administrativos guardan una relación estrecha con las recientes controversias en la autorización y supervisión de proyectos de infraestructura fotovoltaica en diversos municipios del estado.
Según la información contenida en el reporte, la salida de los servidores públicos ocurrió poco después de que estos manifestaran reservas técnicas sobre los procesos de impacto ambiental y los permisos otorgados a empresas del sector energético. La cúpula administrativa ha evitado confirmar las razones exactas de las destituciones, limitándose a señalar que se trata de ajustes operativos orientados a mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos naturales y la transición energética regional.
Desde el equipo de trabajo de Pérez Llorca se ha desestimado el contenido del dosier, calificándolo como una interpretación sesgada de las decisiones internas de la administración. Aseguran que cualquier cambio en el personal de alto mando responde exclusivamente a evaluaciones de desempeño y a la necesidad de alinear a los funcionarios con las metas estratégicas de desarrollo económico sostenible establecidas para el presente ejercicio fiscal.
La oposición política, por su parte, ha solicitado una revisión detallada de los expedientes de estos proyectos para determinar si hubo presiones indebidas o conflictos de interés en la toma de decisiones. Legisladores locales han propuesto formalmente la creación de una comisión investigadora para auditar los contratos de fotovoltaicas y esclarecer si la remoción de los funcionarios buscaba facilitar la aprobación de permisos sin el debido rigor técnico exigido por las normativas vigentes.
Este caso subraya la creciente tensión política en torno a la regulación de las energías renovables, un sector estratégico que ha visto un incremento constante en la inversión privada en los últimos meses. Mientras las autoridades estatales mantienen su postura sobre la legalidad de los procedimientos, diversos grupos de la sociedad civil han solicitado mayor transparencia en la asignación de terrenos y en la evaluación de los impactos socioambientales derivados de estos parques solares.


