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Política

Gerardo Huesen cuestiona gestión financiera y uso de recursos en municipio

El diputado Gerardo Huesen criticó la administración municipal de Gonzalo Monteros, cuestionando la dependencia de fondos estatales para nómina.

Redacción La Antena
Foto: lagaceta.com.ar

El diputado local Gerardo Huesen cuestionó este miércoles la administración municipal encabezada por el presidente municipal Gonzalo Monteros, calificando la gestión financiera actual como deficiente. El legislador señaló que el gobierno local depende excesivamente de las partidas extraordinarias enviadas por el Poder Ejecutivo estatal, las cuales superan los 4,200 millones de pesos, para cubrir gastos operativos fundamentales como la nómina de los trabajadores.

Durante su intervención, Huesen subrayó que la falta de una recaudación municipal eficiente y la ausencia de proyectos de infraestructura propios obligan al municipio a solicitar asistencia financiera constante a la administración provincial. Según el legislador, este modelo de gestión no representa una administración pública sostenible, sino una dependencia que compromete los recursos de los contribuyentes destinados a mejorar los servicios básicos de la localidad.

El equipo de trabajo del diputado enfatizó que la crítica no solo se centra en el monto recibido, sino en la transparencia sobre cómo se prioriza el gasto público frente a las necesidades reales de los ciudadanos. Desde la oficina de Huesen se propuso que el municipio implemente mecanismos más rigurosos de fiscalización y rendición de cuentas para justificar cada peso asignado por la tesorería estatal, evitando que los fondos se concentren únicamente en el mantenimiento burocrático.

Por su parte, la administración municipal ha sostenido que las transferencias recibidas se encuentran dentro del marco legal de colaboración fiscal y son indispensables para el funcionamiento operativo del ayuntamiento. El debate sobre la eficiencia del gasto público en este municipio se mantiene abierto en el Congreso local, mientras diversos sectores sociales exigen mayor claridad sobre la inversión en obra pública y el impacto real de estas transferencias en la calidad de vida de los habitantes.

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