Sheinbaum propone eliminar doble nacionalidad para ocupar presidencia y gubernaturas

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de establecer como requisito indispensable la nacionalidad mexicana por nacimiento y la renuncia a cualquier otra ciudadanía para quienes aspiren a la presidencia del país y a las gubernaturas de los estados. La propuesta busca fortalecer la soberanía nacional y evitar posibles conflictos de interés derivados de lealtades compartidas ante la injerencia extranjera.

De acuerdo con el documento enviado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, esta medida pretende blindar los cargos de alta responsabilidad pública, asegurando que las decisiones tomadas por los mandatarios respondan exclusivamente a los intereses de México. La administración federal argumenta que el ejercicio del poder ejecutivo exige una lealtad absoluta y un compromiso ineludible con la nación, condiciones que podrían verse comprometidas en contextos de tensiones internacionales.

La iniciativa no solo abarca la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, sino que se extiende a las titularidades de los gobiernos estatales. El equipo de la presidencia ha señalado que esta reforma responde a la necesidad de actualizar la legislación electoral vigente, adaptándola a los retos contemporáneos de seguridad nacional y política exterior que enfrenta el país.

El proyecto de ley será discutido en las próximas sesiones ordinarias del Congreso. Los legisladores deberán analizar el alcance de la propuesta y su impacto en el marco constitucional, considerando las implicaciones que tendría para diversos servidores públicos que actualmente desempeñan funciones de primer nivel en las distintas entidades federativas del país.

Esta medida forma parte de una agenda legislativa que busca consolidar la independencia institucional frente a organismos o gobiernos extranjeros. En los próximos días, se espera que las comisiones legislativas inicien el análisis técnico para determinar la viabilidad de los cambios propuestos y su eventual votación en el pleno.