Solicitan transparencia sobre costos de atención a migrantes en Ceuta

La asociación civil Hazte Oír ha formalizado diversas solicitudes de acceso a la información ante las secretarías de Estado correspondientes en España, con el objetivo de transparentar los recursos públicos destinados a la atención de personas migrantes en la ciudad de Ceuta. El grupo civil busca esclarecer el desglose presupuestario que se utiliza para el mantenimiento y la gestión de estos grupos poblacionales en la frontera sur europea.

Las peticiones han sido dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Juventud e Infancia y la Secretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A través de estos instrumentos legales, la organización pretende conocer de manera detallada cuánto le cuesta a la administración pública mantener los servicios de atención, alojamiento y asistencia integral para quienes llegan a dicha demarcación territorial.

Esta solicitud surge en un momento de debate público sobre la gestión de flujos migratorios y el uso de los impuestos de los ciudadanos en la atención de emergencias sociales. El colectivo ha señalado que la rendición de cuentas es fundamental para que la sociedad comprenda la magnitud del gasto operativo que implica la protección de las fronteras y la atención humanitaria en los puntos de mayor tránsito.

Hasta el momento, los organismos receptores de las solicitudes cuentan con los plazos legales establecidos por la normativa vigente en materia de transparencia para dar respuesta a estas peticiones. La organización espera que los datos obtenidos permitan realizar un análisis puntual sobre la eficiencia en el ejercicio del presupuesto público frente a los desafíos migratorios actuales.

El seguimiento a esta solicitud será clave para determinar si las instituciones involucradas optan por liberar la información solicitada o si, por el contrario, declaran la reserva de ciertos datos basándose en criterios de seguridad nacional o protección de datos personales. Mientras tanto, el tema permanece en el foco de la agenda política, subrayando la importancia de la transparencia en la gestión de recursos destinados a grupos en situación de vulnerabilidad.