Tribunal confirma negativa de incapacidad permanente a vendedor por falta de pruebas

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha emitido una sentencia que confirma la denegación de la incapacidad permanente a un vendedor de la ONCE. La resolución judicial se fundamenta en la falta de acreditación médica suficiente que demuestre una limitación física o psíquica que impida el desarrollo de las funciones laborales habituales del trabajador.

La controversia legal surgió tras la solicitud del trabajador, quien buscaba obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente que le permitiera acceder a una pensión contributiva. Tras ser rechazada su petición en primera instancia administrativa, el caso fue llevado a los tribunales regionales, donde el órgano jurisdiccional determinó que los informes clínicos aportados por el demandante no cumplían con los estándares necesarios para acreditar una patología incapacitante según la normativa vigente.

El fallo destaca que, para acceder a este tipo de prestaciones, es indispensable presentar un cuadro clínico claro y documentado que vincule las dolencias manifestadas con una reducción significativa de la capacidad laboral. En este caso, el tribunal consideró que las pruebas médicas presentadas fueron insuficientes para justificar una incapacidad que impidiera el ejercicio de las tareas propias de la venta de cupones, una actividad que requiere una capacidad funcional específica que, según la sentencia, el demandante aún conserva.

Esta decisión judicial subraya la relevancia de la carga probatoria en los procesos de seguridad social, donde la documentación clínica se convierte en el eje central de cualquier resolución. La falta de un diagnóstico exhaustivo y contrastado por parte de las autoridades sanitarias competentes resulta en la desestimación de estas solicitudes, un criterio que los tribunales mantienen de manera consistente para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El trabajador afectado no ha logrado demostrar, ante la valoración del tribunal, una progresión o gravedad de sus lesiones que justifique la concesión del beneficio solicitado. Con esta resolución, se cierra la vía judicial en esta instancia, consolidando el criterio de que la mera alegación de malestar físico es insuficiente si no va acompañada de un respaldo técnico y médico riguroso ante las instituciones correspondientes.